Silvana Vallejo Páez, directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), e Íñigo Salvador Crespo, procurador General del Estado, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, en el que se comprometen a trabajar en conjunto para garantizar el cumplimiento de los principios jurídicos relacionados con las compras gubernamentales, implementar proyectos de capacitación, entre otros.

En el convenio firmado, ambas instituciones establecen el compromiso de brindar asesoría en los temas técnico –jurídicos que las supeditan; además se instauran plazos específicos para el intercambio de información; y, se establece la obligación de implementar proyectos de capacitación, elaborados conforme a las funciones y atribuciones de cada Entidad.

Durante la ceremonia de la firma del convenio, el Procurador General destacó los esfuerzos realizados por el Sercop y la Procuraduría para conseguir un uso eficiente de los recursos públicos, en beneficio del Estado. “Los recursos públicos bien utilizados pueden ser destinados a sectores fundamentales de la sociedad como la educación o la salud», destacó.

Además, indicó que es indispensable que las instituciones laboren de forma coordinada para que las contrataciones de bienes, obras y servicios se hagan de forma eficiente.

Por su parte, Silvana Vallejo mencionó que este tipo de convenios vigorizan las políticas de calidad en materia de contratación pública. «Fortalecer el conocimiento en compras públicas dentro de las entidades encargadas de velar por el gasto de los recursos estatales apoya la ejecución de las políticas de eficiencia y transparencia», enfatizó.

Para una correcta ejecución del convenio, las dos instituciones conformarán una comisión que se encargará de la organización, coordinación, seguimiento y supervisión de las actividades detalladas y planificadas para la realización de los objetivos del instrumento firmado.

El convenio suscrito por ambas autoridades contribuye al ejercicio de la actividad de control legal, de los actos emanados por la Administración Pública, a fin de contrastar los hechos verificados en cada procedimiento, con la normativa en contratación pública, de tal manera que se logren mitigar actos de corrupción y malas prácticas en materia de contratación estatal.