Quito, Ecuador.- En comparecencia pública ante la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, María José Carvajal, subdirectora (e) del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) destacó las ventajas del proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.

Este marco legal busca una contratación pública ágil, eficiente y transparente. La subdirectora mencionó “la importancia y la necesidad imperante de reformar la ley con la finalidad de implementar mecanismos de control, fortalecer el Sistema Nacional de Contratación Pública e incorporar criterios de economía, eficiencia y eficacia en todos los procedimientos para optimizar y ahorrar los recursos del Estado, brindando mejores servicios a la ciudadanía”.

Esta propuesta de ley es de carácter urgente y está sustentada en datos contundentes; la contratación pública mueve alrededor de USD 8.000 millones al año, lo que representa el 6,5% del PIB, este gasto público nos obliga a buscar un ahorro y ser eficientes; esta propuesta no solo apunta a reducir costos, sino también a generar valor público. Una gestión pública ágil y responsable permitirá liberar recursos para la inversión social y estratégica, lo que tendrá efectos positivos sobre el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de la población.

En este contexto, el proyecto de ley plantea un cambio estructural que modernice la contratación pública, orientada a asegurar una administración más eficiente de los recursos del Estado. Se prioriza el concepto de «mejor valor por dinero», garantizando que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad a largo plazo.

El fortalecimiento del sistema resulta el punto angular de este proyecto para contar con una plataforma tecnológica transparente, con trazabilidad y con mayor participación, mediante la implementación de controles internos y automatizando los procesos, bajo el concepto de datos abiertos, se garantizará la seguridad recuperando la confianza en el sector público.

Además, el proyecto simplifica los procedimientos de contratación, estableciendo reglas claras que fomenten la dinamización económica y eliminen espacios para la manipulación o irregularidades. Se prevé incentivos y preferencias para proveedores responsables, que prioricen la ética y denuncien oportunamente cualquier irregularidad.

Este nuevo marco normativo busca erradicar prácticas irregulares y evitar que la contratación pública sea manipulada por intereses particulares. El compromiso con la integridad está claro, mediante una gestión eficiente y transparente, lograremos un manejo de recursos responsable y que sus beneficios lleguen a todos los ecuatorianos.

Quito, 4 de junio de 2025.

Boletín No. 09

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