El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) ejecuta inspecciones integrales a los proveedores del Catálogo Electrónico de Seguridad y Vigilancia Privada para garantizar que los servicios contratados por el Estado se presten con calidad, legalidad y en beneficio directo de la ciudadanía.

Entre el 2 y el 4 de febrero, el equipo técnico de la Dirección de Catalogación del SERCOP llevó a cabo cuatro inspecciones a empresas de seguridad y vigilancia privada en Quito y Cayambe.

Durante estas verificaciones se levantó información clave y, como resultado preliminar, dos empresas fueron clausuradas temporalmente por el Ministerio del Interior al no contar con el permiso de operación.

Estas inspecciones se realizan de forma coordinada con el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con el objetivo de proteger los recursos públicos, garantizar condiciones laborales adecuadas y verificar que las empresas que brindan servicios de seguridad cumplan la normativa vigente.

Desde su ámbito de competencia, el SERCOP verificó que las empresas presenten la documentación exigida en el Convenio Marco, como permisos de operación, garantías de fiel cumplimiento, garantías de responsabilidad civil y pólizas de seguro de accidentes personales, requisitos indispensables para asegurar servicios confiables para las entidades públicas y la ciudadanía.

El IESS verificó el cumplimiento de las obligaciones patronales para proteger los derechos de los trabajadores, mientras que el Ministerio del Trabajo revisó las condiciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de promover espacios laborales seguros y formales.

El Ministerio del Interior, como entidad encargada de otorgar los permisos de operación, adoptó las acciones correspondientes frente a los incumplimientos detectados, incluida la clausura temporal de empresas que no cumplen la normativa.

En el SERCOP trabajamos con transparencia para la correcta ejecución contractual y la protección de los recursos públicos, asegurando que las entidades contratantes reciban servicios de calidad y que los proveedores cumplan con los estándares establecidos.

Quito, 5 de febrero de 2026.

Boletín No. 03

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN