El penúltimo inciso del artículo 81 de la LOSNCP prevé que en los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodos determinados en el Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará obligatoriamente que dicha recepción se produjo; la negativa del funcionario será causal de sanción por parte del Consejo de la Judicatura. La recepción presunta definitiva producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.

De conformidad con lo prescrito por el artículo 101 de la LOSNCP el funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. La multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la Ley, debiendo señalarse que toda infracción a la citada Ley cometida por autoridades, funcionarios, empleados públicos o privados o cualquier persona que actúe o haya intervenido en el procedimiento de contratación a nombre de las Entidades Contratantes será sancionada por la Contraloría General del Estado y en el plazo de treinta (30) días. El Servicio Nacional de Contratación Pública vigilará el cumplimiento de esta disposición.

Si, en este procedimiento se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP y calificadas para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en la que se ejecutará el contrato. Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten las condiciones antes indicadas, se podrá contratar con proveedores de otra circunscripción territorial o del país.

Para que una entidad contratante pueda utilizar el procedimiento de menor cuantía para ejecutar una obra, el presupuesto referencial de la misma no debe ser mayor al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, que para el año 2014 se refiere a 240.104,46 dólares.

El penúltimo inciso del artículo 81 de la LOSNCP prevé que en los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodos determinados en el Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará obligatoriamente que dicha recepción se produjo; la negativa del funcionario será causal de sanción por parte del Consejo de la Judicatura. La recepción presunta definitiva producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.

De conformidad con lo prescrito por el artículo 101 de la LOSNCP el funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. La multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la Ley, debiendo señalarse que toda infracción a la citada Ley cometida por autoridades, funcionarios, empleados públicos o privados o cualquier persona que actúe o haya intervenido en el procedimiento de contratación a nombre de las Entidades Contratantes será sancionada por la Contraloría General del Estado y en el plazo de treinta (30) días. El Servicio Nacional de Contratación Pública vigilará el cumplimiento de esta disposición.

La oferta económica debe ser enviada adjunta a la carta de aceptación. Al momento de ingresar en el Sistema la Carta de Aceptación, el mismo le solicita el ingreso de la oferta económica y del VAE.

Cualquier oferente registrado en el RUP puede cambiar su domicilio, de así requerirlo. Sin embargo, es preciso señalar que el numeral 22 del artículo 6 de la LOSNCP prescribe que «se entenderá como participación local aquel o aquellos participantes habilitados en el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis meses, en la parroquia rural, cantón, la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación. Todo cambio de domicilio de los participantes habilitados, deberá ser debidamente notificado al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP».

El artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones define a las MYPES como la Micro, Pequeña y Mediana empresa, (persona natural o jurídica) que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría.

No. La contratación es directa con un proveedor que cumpla con todos los requerimientos de la entidad contratante.