El Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 461, incorporó reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, orientadas a establecer reglas más claras, proteger los recursos públicos, prevenir prácticas que puedan afectar la transparencia de los procedimientos, reducir espacios de discrecionalidad en la calificación de ofertas y promover un sistema de contratación pública más íntegro, eficiente y equitativo.

Entre los principales cambios se establecen medidas para promover el pago oportuno a los proveedores que cumplen con sus obligaciones contractuales. La normativa fija un plazo máximo e improrrogable de dos meses para efectivizar los pagos y determina responsabilidades para los funcionarios que generen retrasos injustificados.

Asimismo, se fortalecen los mecanismos de integridad y control mediante requisitos que permiten verificar la información presentada por los proveedores y establecer consecuencias frente a falsedades documentales o irregularidades detectadas durante los procedimientos de contratación, reforzando la transparencia.

Las reformas también incorporan reglas para asegurar una evaluación objetiva de las ofertas, evitando prácticas que limiten la participación o puedan generar direccionamientos. En este sentido, la experiencia exigida a los oferentes deberá guardar relación directa con el objeto de la contratación y sustentarse en criterios técnicos de similitud, alcance, complejidad y dimensión, garantizando que los requisitos de calificación sean proporcionales a la necesidad de la entidad contratante y promuevan una competencia en igualdad de condiciones.

De igual manera, se incorporan herramientas como las consultas preliminares de mercado, que permitirán a las entidades contratantes contar con mayor información técnica antes de iniciar sus procedimientos de compra, mejorando la planificación, promoviendo una mayor participación de proveedores y facilitando decisiones más eficientes bajo el principio de mejor valor por dinero.

Estas reformas, que incorporan los aportes presentados por representantes del sector privado durante los espacios de diálogo impulsados por el SERCOP, contribuirán a dinamizar la economía, ampliar la participación de proveedores, fortalecer la confianza en el Sistema Nacional de Contratación Pública y promover una contratación pública más eficiente, transparente y orientada al beneficio de la ciudadanía.

Decreto Ejecutivo Nro. 461

Quito, 30 de julio de 2026.

Boletín No. 29

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN